La Inspección Técnica edificios de estructuras

La Inspección Técnica edificios de estructuras

En la I.T.E. el informe de los técnicos debe valorar cimentación, estructura, fachadas, instalaciones y cubiertas
Cinco exámenes
La Inspección Técnica debe realizarse dentro de los 12 meses siguientes a que se cumpla la edad límite. Es decir, los 40 años de la terminación del edificio o de su rehabilitación integral y también los 10 desde la anterior revisión.
En principio, señalaron desde el Instituto de Construcción de Castilla y León, son 5 los aspectos que se examinarán. Ahí se incluye el estado de la cimentación, de la estructura, de las fachadas, de las instalaciones y de las cubiertas. «Estos son comunes para toda España. Se trata de los elementos principales», señalaron.
La idea es que la inspección dé seguridad al propietario, ya que tendría una garantía sobre la habitabilidad, las condiciones de uso, la conservación y mantenimiento de la situación de seguridad y salubridad.
El técnico, apuntaron, debe valorar el edificio «en función de lo que vaya viendo o de pequeñas catas y sondeos». De esos trabajo se derivará un informe que, si es favorable, no conllevará ningún trámite más, salvo el de presentar una copia en el Ayuntamiento y, si no lo es, propondrá las mejoras o las obras que son necesarias para «poner al día» esa vivienda.
Existe, «desde hace años», la obligación de tramitar las inspecciones, pero no se está haciendo. Al menos, no al ritmo deseado. «Hay ciudades que hace tiempo que lo implantaron, pero en Castilla y León nos ha costado un poco más. Además, si lo miramos por provincias, podemos decir que Burgos es de las que está a la cola».
De hecho, que el ICCL tenga constancia, sólo se han realizado inspecciones en la localidad de Belorado, aprovechando el Área de Rehabilitación Integral (ARI), que afecta a 288 de sus edificios.
Pero ¿por qué los ayuntamientos no se han interesado por desarrollar su propia ordenanza? Fundamentalmente, por la obligación de acometer subsidiariamente las inspecciones si no las realizan los propietarios de los inmuebles, aunque luego se les pase el cargo.
Una factura que, según se expuso en la jornada informativa realizada esta misma semana en Burgos por la Junta y el ICCL, puede rondar «entre los 600 y 1.200 euros por edificio», aproximadamente. Y es que cada técnico tiene derecho a marcar su propia tarifa. En la reunión se habló de que en un bloque de viviendas a cada vecino le podría tocar pagar «entre 50 y 60 euros», dependiendo del número de residentes.
Pero podría ser mucho mayor la partida a desembolsar inicialmente por las arcas municipales, ya que si del informe se deriva la necesidad de hacer reformas, el gasto se dispararía. Y cobrar a posteriori no siempre resulta sencillo.
Lo deseable es lograr que los ciudadanos se conciencien de la importancia de vigilar la seguridad y de inculcar el mantenimiento de la vivienda, que en muchos casos, los propietarios ya vienen haciendo de motu propio. «La mayoría trata de adecuar sus casas, pero nos preocupamos menos por las zonas comunes. Es más complicado. No en todas las comunidades se tienen las mismas actitudes», explicaron desde el ICCL.